domingo, 28 de septiembre de 2008

Los médicos reaccionan ante la política de "muerte" del gobierno español


Leemos en el Diario de Cádiz que "El presidente de la Sociedad Madrileña de Cuidados Paliativos, Álvaro Gándara, consideró ayer una frivolidad que el Gobierno plantee la posibilidad de legalizar el suicidio asistido antes de garantizar a todos el acceso a los cuidados paliativos, con los que en estos momentos sólo pueden contar la mitad de los españoles".


La frase no puede ser más lógica y contundente. En vez de ayudarles a sobrellevar la enfermedad, el ministro pretende que se les anime a morir.

Un informe del Parlamento europeo sobre los cuidados paliativos


En el Diario de Cádiz leemos esta noticia:


Según el informe Palliative Care in the European Union, coordinado por el catedrático de Salud Pública de la Universidad de Valencia José María Martín Moreno, los 27 países representados en el Parlamento Europeo adoptan medidas muy heterogéneas y dispares para regular esta materia. Es interesante destacar que, en España, las comunidades autonómicas que tienen mejor nivel en la medicina paliativa son Cataluña y Extremadura.

sábado, 27 de septiembre de 2008

Obcecación terapéutica: un nuevo delito


Se lee hoy en el diario El País esta noticia, por otra parte ya conocida: Andalucía podrá sancionar con hasta un millón de euros a los médicos que se obcequen en mantener con vida a un enfermo terminal sin posibilidad de recuperación. En mi opinión está bien condenar la obstinación terapéutica, porque es realmente condenable. Sin embargo, este tipo de acciones penales contra los médicos habría que valorarlas en un contexto un poco más amplio. ¿Qué se pretende conseguir con esta medida? ¿De verdad piensan que nos vamos a creer que se protege la libertad del paciente? Eso sería posible si detrás de esta norma no estuviera la voluntad política de introducir la eutanasia en nuestro país. Es curioso, se condena al médico que intenta salvar la vida del enfermo "contra su voluntad" y se pretende amparar la acción del médico que acorta la vida del enfermo también "contra su voluntad". Podría creer en la bondad de esta medida si no fuera porque detrás de ella se esconde la farisáica intención de introducir la eutanasia, mediante la que se suprimirán las vidas de millares de ancianos sin que nadie se preocupe de saber cuál es su voluntad. No nos chupemos el dedo.


Los menores con 16 años cumplidos pueden decidir por sí mismos
Los centros privados estarán obligados a garantizar ese derecho
Según el anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso EL PAÍS, esta práctica por parte de los médicos podrá ser calificada como infracción muy grave. El régimen sancionador del nuevo texto legal prevé castigarla con multas de entre 60.00 1 y un millón de euros.
El artículo 20 del anteproyecto de ley recoge el veto al encarnizamiento terapéutico: "El médico o médica responsable del paciente tiene la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estime necesario para evitar la obstinación terapéutica. Dicha justificación deberá ser consignada en la historia clínica del paciente". Esta limitación requerirá siempre la opinión coincidente "de al menos otros dos" especialistas de los que atienden al enfermo.
En caso de que los representantes o familiares del paciente no estén de acuerdo con que se le retiren las medidas de soporte vital, el médico tendrá que solicitar un informe al comité de ética del centro. Este informe no será vinculante, "pero obligará a revisar" la decisión. En cualquier caso, será el médico quien tenga la última palabra, incluso en contra de la voluntad de la familia.
La ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte (conocida como ley de muerte digna) es una de las grandes apuestas de la actual legislatura del gobierno que preside Manuel Chaves. La norma regulará el derecho de los enfermos terminales a recibir toda la información sobre su enfermedad, a tomar decisiones respecto al tratamiento que le pueden aplicar y a rechazar la intervención propuesta por los médicos "aunque ello pueda poner en peligro su vida". La norma amparará las sedaciones paliativas aunque acorten la vida del enfermo y les otorgará el derecho de recibir estos cuidados en su casa "siempre que ello no esté contraindicado".
La ley se detiene además en los derechos de los enfermos terminales menores de edad. Entre 12 y 16 años, la decisión sobre el tratamiento recaerá en los padres o representantes legales, pero después de escuchar la opinión del niño. Los menores emancipados o con 16 años cumplidos pueden recibir la información clínica y decidir por sí mismos, si bien sus padres serán informados y su opinión se tendrá en cuenta. La ley establece que "en caso de conflicto prevalecerá la opinión del menor" (continuar leyendo)

jueves, 25 de septiembre de 2008

La Organización Médica Colegial (OMC) rechaza el anteproyecto andaluz de ley de muerte digna


La Organización Médica Colegial (OMC) rechazó hoy el anteproyecto de ley andaluz de "muerte digna" porque considera que es innecesario y genera alarma en la sociedad.

La OMC dio a conocer en rueda de prensa un documento consensuado en la última reunión de la junta permanente de este organismo en el que se muestra su oposición al anteproyecto de ley andaluz de "Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte", conocida como "Ley de Muerte digna".

A juicio de la OMC, el texto resulta "innecesario", ya que hay legislación suficiente en España para regular la muerte digna y genera alarma en la sociedad, además de "fomentar la medicina defensiva" y "amenazar" a los médicos con un régimen sancionador.

El secretario general del Consejo General de Colegios de Médicos, Juan José Rodríguez Sendín, separó este debate del suicidio asistido y subrayó que no se deben mezclar ambos asuntos.

Rodríguez Sendín señaló que no es que los colegios de médicos se nieguen a tratar el tema, pero "hoy no toca", apostilló.

Atender el final de la vida es una "práctica profesional médica" como puede ser una patología cardiaca, que está tipificada y protocolizada como tal, mientras "otras cuestiones" quedan fuera de estas prácticas, señaló.

El presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Isacio Siguero, explicó que el anteproyecto andaluz crea confusión en la sociedad, ya que las leyes existentes garantizan "sobradamente" la muerte digna mediante instrumentos como las voluntades anticipadas o los cuidados paliativos, e instó a la Administración a velar por el desarrollo de ambas.

Si se trata de abordar la cuestión "en serio y no como una oportunidad política" es necesario desarrollar estos temas, afirmó Rodríguez Sendín. El documento de la OMC subraya que la iniciativa de la Junta de Andalucía introduce "nuevos elementos" que distorsionan la realidad y avivan un debate social "confuso e innecesario que puede ser perjudicial para los intereses de los pacientes".

En este sentido, Juan José Rodríguez Sendín explicó que el desarrollo de las voluntades anticipadas es "escaso" y "no homogéneo" en las diferentes comunidades autónomas, porque no hay información suficiente a los ciudadanos.

En el mismo plano situó los cuidados paliativos, cuya regulación se llevó a cabo hace cuatro años y que continúan en la misma situación, aseguró. Los representantes de los colegios de médicos rechazaron que el proyecto de la Junta de Andalucía pudiera evitar casos como el del Hospital Severo Ochoa de Leganés, ya que en estos momentos la "muerte digna" tiene soporte legislativo suficiente.

Según Rodríguez Sendín, casos como el del hospital madrileño solo se solucionan "con sentido común", pero -agregó- "un político cuando quiere morder y muerde, no hay quien lo pueda detener".

Los colegios de médicos consideraron que el régimen sancionador que contempla el anteproyecto andaluz es un "error" que "lleva a la población un mensaje de desconfianza" y propicia la medicina defensiva, por la cual se realizan pruebas innecesarias ante el menor síntoma.

Siguero recalcó que a los médicos "no se les debe amenazar bajo ningún concepto", y agregó que la Consejería de Salud de Andalucía no tiene competencias para ello.

Otro de los puntos del texto criticado por la OMC es el referente al encarnizamiento terapéutico (emprender acciones terapéuticas sin esperanza e inútiles), ya que se trata de una mala praxis médica rechazada por la profesión desde 1983.

A su juicio, existen mecanismos para vigilar y prevenir estos casos, como son los comités de ética hospitalarios, la segunda opinión médica y las comisiones deontológicas de los colegios de médicos.